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1.5.20

Antofagasta, cambios y progreso en tres décadas de democracia. Por Cristian Castro Orozco

Vía El Mercurio de Antofagasta, 11 de marzo 2020.



Entre 1990 y 2020 la población aumentó en casi doscientos mil habitantes, mejoraron las cifras macroeconómicas, creció la inmigración y la región se volvió una ventana para la exploración del cosmos.

El domingo ll de marzo de 1990, hace exactos 30 años, Augusto Pinochet entregaba el mando del país al entonces electo Presidente Patricio Aylwin Azócar, iniciando así el esperado retorno de la democracia, hito que marcó un antes y un después en la historia de Chile.

Pero la Segunda Región también marcaba su antes y después ese mismo año. En agosto comenzó a operar Minera Escondida (si bien fue fundada en 1988, en 1990 inicia sus faenas), agregándose como otro de los grandes yacimientos presentes.

Seis años más tarde se inauguraba el observatorio del Cerro Paranal, que a la postre incentivó otros proyectos científicos y la llegada de nucvos complejos, como ALMA en San Pedro de Atacama y el mayor telescopio de la tierra, el E-ELT, que a fines del 2019 se comenzó a ensamblar en la cima del cerro Armazones, a poca distancia de Paranal.

SOCIEDAD

La región misma aumentó su población en casi doscientos mil habitantes. Según el censo del año 1992 en la zona habían 410.724 personas, y al 2017 ya eran 607.534.

También subió el PIB per cápita en Chile y la esperanza de vida de los habitantes.

Asimismo la presencia de extranjera vio un exponencial crecimiento en la región, pasando de ser el 3,1% de la población en 2005 a en 2018.

Cabe resaltar que este 10,3% incluso puede quedarse corto ante el real alcance de la inmigración local dado que algunos extranjeros se encuentran sin formalizar su situación.

También la arquitectura misma de la comuna se vio alterada. Si hubiese sobrevolado la Antofagasta de 1990, distinguiría con facilidad apenas cuatro torres de altura entre una planicie uniforme de viviendas (torre Pérez Zujovic, edificio Centenario y torres de Codelco). Al sobrevolar la ciudad hoy se observa un bosque uniforme de edificios que, salvo la zona centro, copan los altos, sur y norte.

El académico y urbanista de la Universidad Católica de Norte, Claudio Galeno Ibaceta explica cuál fue el cambio en el carácter de la ciudad en estas tres décadas de democracia.

"La ciudad ha fortalecido su vida e imagen urbana. Por un lado, la calidad de las arquitecturas de la transición fue mejorando al nivel que hoy se construyen obras cada vez más interesantes y exitosas. Eso se ha combinado con un progresivo reconocimiento y conciencia de nuestro patrimonio", cuenta el urbanista.

Asimismo, agrega que se ha potenciado y madurado la discusión sobre el espacio público y el medio ambiente, y ha sido puesta en práctica con la construcción y mejoras de muchos sitios de la ciudad, desde playas artificiales, hasta transformaciones de zonas industriales y espacios residuales entre poblaciones.

INVERSIÓN

El director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, Christian Rodríguez, explica que el desarrollo que experimentó la comuna no se supedita al boom de la minería, sino que también responde a otros factores presentes en aquel tiempo.

"Desde 1990 hasta el fin del súper ciclo se juntó una combinación de factores positivos. Por un lado hubo un boom de los precios. La minería que llega a Antofagasta invierte miles de millones de dólares en la construcción de nuevos yacimientos, lo que empujó el desarrollo de la infraestructura, por ejemplo los puertos y los barrios industriales", argumentó.

En esa misma línea expuso la importancia del sector público en ese entonces. "Este sector jugó un papel fundamental en materia de infraestructura social y educación, ampliando y levantando nuevos establecimientos. No podríamos hablar de calidad en la educación si no existiese la infraestructura adecuada. Además se renovó la red de salud, como los tres hospitales más importantes: Calama, Antofagasta y Tocopilla, y en el ámbito de las carreteras privadas hubo iniciativas impulsadas por el sector público".

Pero hay matices. La gestora cultural, María Canihuante, dijo que si bien el ámbito de la cultura se vio muy favorecido por el apoyo a los emprendedores de esta área, gran parte de la inversión generada por la región es absorbida por las arcas centrales.

Por su parte, el investigador Isidro Morales explicó que "sin dudas y, especialmente Antofagasta, ha crecido y modernizado, sin embargo, se ha acentuado la segmentación con el desarrollo de grupos habitacionales en los extremos de la ciudad, en el caso de la capital regional, en contraste con la proliferación de precarios asentamientos marginales".

Con todas sus luces y sombra, Antofagasta nunca antes vio tanto crecimiento en tan acotado tiempo.

28.1.15

El desafío de integrar nuevas tendencias: la economía colaborativa, por Antonio Cañabates



Vía El Periódico.

La economía colaborativa no es un fenómeno nuevo, pero las recientes polémicas despertadas por plataformas como Uber o Airbnb la han puesto de actualidad y son objeto de debate público. La economía colaborativa, también llamada a veces de la compartición, entre pares o consumo colaborativo, aprovecha las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información para que personas, empresas, administraciones y organizaciones sin ánimo de lucro superen las fricciones que impiden compartir y reutilizar recursos que de otra forma están desaprovechados o infrautilizados. Internet como tecnología socializadora y la ubicuidad de los dispositivos móviles están llevando a otro nivel la capacidad de compartir información sobre la oferta y la demanda de esos recursos ociosos. Pero la economía colaborativa va más allá de algunas famosas start-ups; cuando dos personas comparten vehículo para ir al trabajo diariamente, están aprovechando un recurso infrautilizado. Para que esto suceda no es imprescindible la intermediación empresarial, plataformas sin ánimo de lucro como www.fesedit.cat lo hacen también posible.

Hasta aquí todo parecen ventajas. Diversos informes y organizaciones otorgan cifras milmillonarias y en rápido crecimiento al impacto de este fenómeno. Las cifras de financiación captadas por algunas empresas son una muestra. Uber ha cerrado una ronda de financiación por 1.200 millones de dólares. Pero como todo fenómeno disruptivo, la economía colaborativa necesariamente altera el statu quo de las relaciones de producción y distribución preexistentes en la economía tradicional. La disrupción afecta la regulación de aquellos sectores que son objeto de flexibilización con la llegada de nuevos modelos de negocio. Como es de esperar las empresas tradicionalmente establecidas ven una amenaza para sus negocios en el aterrizaje de nuevos competidores que operan con nuevas reglas. Las asociaciones de taxistas en el caso de Uber y la patronal del sector turístico en el de Airbnb han reaccionado con distintos argumentos y el hecho de que se haya prohibido la operación de estas nuevas plataformas en algunos países europeos sin duda no es ajena a su capacidad de presión.

Las empresas tradicionalmente establecidas están sometidas a regulaciones y a tasas e impuestos que los nuevos actores parecen poder sortear. Se invoca el argumento de la competencia desleal y del peligro la desregulación para la calidad del servicio que recibe el consumidor. Y en parte no les falta razón, pero no todo es blanco o negro. Si los nuevos modelos de negocio aportan mayor aprovechamiento de los recursos y sus usuarios parecen contentos, no parece la mejor opción descartarlos. Mientras algunas regulaciones suponen una barrera de entrada y protección para las empresas establecidas, otras garantizan los derechos de los consumidores y la calidad de los servicios. El no a todo no parece la opción más racional y no es viable a medio plazo. Pero tampoco lo es aceptar una desregulación unilateral de facto, especialmente cuando afecte a la protección de las garantías de los usuarios. Los conflictos deberán resolverse permitiendo la oferta de estos servicios dentro de los parámetros reguladores que cada sociedad decida. Y, sin duda, la regulación debe evolucionar para adaptarse a las nuevas realidades.

Algunas de estas empresas son meras facilitadoras de la prestación de servicio entre particulares. Los particulares que alquilan una habitación a través de Airbnb u ofrecen un transporte a través de Uber no son empleados de estas empresas. Se trata de servicios comerciales con contraprestación económica y los individuos que los prestan deben satisfacer las obligaciones tributarias correspondientes. Sin embargo, el seguimiento fiscal de estas nuevas microactividades no es nada fácil sin la colaboración expresa de las plataformas que los intermedian. En sus bases de datos almacenan detalladamente quién presta qué servicios y a qué precios. La colaboración activa de estas empresas con la administración tributaria es la fórmula que permitiría superar este obstáculo. También será necesario reformular algunas tasas e impuestos para adaptarlas a este tipo de microactividad económica. Por otra parte, estas empresas transnacionales pueden fácilmente operar mecanismos legales que facilitan minimizar la tributación sobre los beneficios de la actividad que operan. No es una novedad, las grandes empresas tecnológicas ya utilizan fórmulas de ingeniería financiera -como el double irish- para no pagar prácticamente impuestos en nuestro país. El reciente caso de Luxleak ha puesto de manifiesto que el problema no afecta solo a empresas tecnológicas. Las empresas de la economía colaborativa pueden suponer un paso adicional en esa tendencia que erosiona la capacidad recaudatoria sobre las rentas de capital.

La crisis ha facilitado el auge de este tipo de modelos de negocio. La posibilidad de obtener ingresos a través de estas plataformas supone un alivio económico para muchos individuos. Pero en la medida en que la demanda de servicios es finita, la entrada de nueva oferta afecta negativamente a las empresas establecidas y al empleo que generan. Cabe preguntarse si no se estarán transformando esos empleos perdidos en empleos precarios seudoautónomos y pequeñas y medianas empresas en plataformas multinacionales que los coordinan.

Por último, no hay que olvidar que poner puertas al campo indiscriminadamente sitúa al país al margen de la innovación. En nuestro país existe mucho talento y se crean start-ups tecnológicas, también en este ámbito. Sharing España, asociación que reúne un buen número de estas empresas, citando un estudio realizado por Consumo Colaborativo, cifra en 45 millones de euros las inversiones recibidas por empresas españolas en el 2014.

La economía colaborativa no solo está de moda, sino que ha venido para quedarse. La opción de marginarse de esta tendencia no parece viable; la de entregarse sin condiciones a los requisitos impuestas unilateralmente por algunas multinacionales tampoco es deseable. El fenómeno tiene aspectos positivos y negativos como es de esperar. Nuestra sociedad tiene el reto evolucionar y de integrar inteligentemente esta tendencia que, sin duda, tiene potencial para mejora el bien común y este, en definitiva, debe ser el objetivo que guíe el camino a seguir.