El Cerro Rico de Potosí, con cuya plata se impulsó el capitalismo hace 500 años, está en riesgo de derrumbe. Para intentar protegerlo, están cerrando bocaminas y rellenando sus hundimientos.
Nils Sabin / Potosí (Bolivia) - 02 AGO 2025 - 05:30 CLT
El Cerro Rico de Potosí, que desde Bolivia alimentó al mundo de plata, se ha convertido en una montaña hueca. Después de casi cinco siglos de explotación minera, su interior, en particular la parte alta, está vacía. El cerro, de 4.768 metros de altura y cuya estructura formaba un pico triangular casi perfecto, ahora está ligeramente derrumbada sobre el este y repleta de hundimientos, algunos de los cuales alcanzan decenas de metros de ancho y profundidad. “El colapso del Cerro Rico es casi inminente”, advierte Hernán Ríos Montero, geólogo en la Universidad Tomás Frías de esa ciudad boliviana.
Fundada en 1545 por los españoles, después de que se descubrieran vetas de plata en el cerro, Potosí se transformó rápidamente en un centro de la América colonial, alcanzando más de 120.000 habitantes en 1575. La plata que salía de allí se acuñaba en la Casa de la Moneda de la ciudad antes de ser enviada a la Corona Española. “Se sacaron millones, probablemente miles de millones, del Cerro Rico”, asegura Freddy Llanos, ingeniero minero de la Universidad Tomás Frías. “Somos corresponsables del enriquecimiento de Europa y de los inicios del capitalismo, pero hoy en día no tenemos los recursos para salvar nuestra montaña”, agrega en referencia al auge de la explotación de plata y estaño que vivió la ciudad desde finales del siglo XIX y hasta los años 80.
Cierre lento
Desde hace unos 15 años, la situación del Cerro Rico se ha degradado rápidamente. Entre 2009 y 2011, aparecieron los primeros hundimientos en la cúspide de la montaña. En 2014, Potosí, inscrito como sitio Unesco desde 1987, ingresó a la lista del patrimonio mundial en peligro. La respuesta, durante esos años, fue rellenar los hundimientos tanto con material seco como con hormigón aligerado, una técnica que no impidió la aparición de nuevos derrumbes. Pero a inicios de 2022 llegó la principal medida de protección: un fallo judicial que obligó a Comibol, la empresa minera pública y administradora del Cerro Rico, a cerrar todas las bocaminas arriba de la cota de 4.400 metros de altura, y a relocalizar las cooperativas mineras afectadas en otra parte de la montaña.
El proceso ha avanzado poco a poco: de las 56 bocaminas que operaban arriba de esta línea, 36 fueron cerradas a finales de 2024, diez más se clausurarán este año y las ocho últimas, en 2026. “Socialmente, es un tema muy complejo”, explica Santiago Cárdenas, ingeniero de la Comibol encargado de la migración de los mineros. “No podemos parar todo de golpe o los mineros van a quedar desempleados. Entonces esperamos que las cooperativas encuentren otro lugar que explotar para cerrar las bocaminas”.
El impacto social de la minería es evidente en Potosí. Hoy, entre 10.000 y 12.000 mineros siguen trabajando en las entrañas de la montaña, aunque la gran mayoría debajo de los 4.400 metros de altura. Su número varía en función de los precios internacionales de los metales que explotan. Pailaviri, un campamento minero situado en la base del Cerro Rico, es una verdadera colmena con un flujo constante de trabajadores subiendo o volviendo a la ciudad. Desde allí, se pueden observar mineros saliendo de las bocaminas más bajas, empujando carritos llenos de minerales, y volquetas bajando desde más arriba por la ruta principal.
Para comprender la lentitud del cierre de las bocaminas es necesario entender las dinámicas de poder del Cerro Rico. La Comibol administra la montaña, pero las cooperativas mineras que extraen el mineral tienen un peso político importante. La alianza del sector cooperativista con los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) –Evo Morales, entre 2006 y 2019, y Luis Arce, entre 2020 y 2025- ha permitido a los trabajadores acceder a altos cargos, principalmente en el Ministerio de Minería y Metalurgia. El actual líder de este ministerio, Alejandro Santos Laura, fue máximo dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras. “Lo único que les interesa [a las cooperativas], es continuar enriqueciéndose con el cerro”, crítica Llanos. “Como tienen mucho poder, frenan cualquier proceso de preservación”.
A pesar de que un derrumbe generalizado en la parte alta del cerro cambiaría el rostro de la montaña para siempre, no es el único lugar con hundimientos. La zona cercana a Pailaviri también sufre. “Vivo en esta casita desde hace más de 27 años, pero ahora está por caerse porque hay mineros trabajando abajo”, cuenta una de las 200 guardas del Cerro Rico. Son mujeres que cuidan las bocaminas y las herramientas de los mineros de potenciales robos. Con salarios muy bajos —de entre 70 y 150 dólares mensuales — y condiciones de vida muy precarias —no tienen agua corriente o a veces electricidad —, son también las primeras en verse impactadas por estos hundimientos.
Un “reloj de arena”
Por otra parte, no hay certeza de que los cierres de bocaminas acabarán con las actividades en la parte alta del Cerro Rico. “Puedes entrar en una bocamina situada a 4.300 metros de altura, y subir por dentro del cerro, porque todas las minas están interconectadas”, detalla Llanos. Es algo probable, ya que la zona prohibida es también una de las más ricas en minerales de toda la montaña. Además, si bien esta medida podría, en el mejor de los casos, frenar el deterioro de la estructura del Cerro Rico, tampoco resuelve el hecho de que la montaña está vacía.
En los tres últimos años, la Comibol ha rellenado 55 de los 146 hundimientos mediante 400.000 toneladas de desechos metalúrgicos. “Acá había un desplome de 60 metros de profundidad, indica Gregorio Socaño, ingeniero responsable del sostenimiento geológico del Cerro Rico por parte de la empresa. ”Ahora está parcialmente relleno y estamos esperando a ver si el hundimiento ha sido detenido. Si no es el caso, seguiremos rellenando”. Sin embargo, Ríos considera esta estrategia una pérdida de tiempo y recursos. “Hay que imaginar un reloj de arena: lo que vas poniendo arriba termina cayendo en la parte hueca de la montaña. Es una ilusión pensar que se puede rellenar una montaña que fue vaciada durante casi cinco siglos mediante volquetas”.
Pese a esto, decenas de camiones siguen subiendo diariamente hasta las alturas del Cerro Rico para colmar la montaña. Hasta finales del año 2024, el costo de los rellenos había alcanzado unos 3 millones de dólares. “Es una medida de emergencia, pero, por el momento, es la única que podemos financiar, reconoce Socaño. ”Es bastante difícil realizar estudios para soluciones más ambiciosas porque el cerro se está moviendo todo el tiempo y estos estudios caducan muy rápidamente".
La Facultad de Ingeniería Minera de la Universidad Tomás Frías tiene una alternativa, explica Llanos. Consiste en construir una estructura de metal y hormigón al interior de la montaña. “Esto permitiría sostener la estructura del cerro e impedir que los mineros ingresen a la parte más alta”. Es un proyecto ambicioso y costoso. “Estimamos que serían unos 3,5 millones de dólares que no tenemos, pero, por el momento, nadie propone otra alternativa”, insiste.
La cúspide de Cerro Rico ofrece una vista muy sorprendente. Dos enormes cráteres, de varias decenas de metros, ocupan la mayoría del espacio. De la pequeña caseta que hace un año seguía de pie, solo queda una pared. El resto se lo comió uno de los dos hundimientos. Es un paisaje que entristece a Llanos: “La preservación del cerro no avanza, y creo que las próximas generaciones de potosinos y de bolivianos nos juzgarán con mucha dureza cuando vean cómo hemos fallado en proteger este símbolo nacional.“
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Por Juan José Toro / Madrid - 23 FEB 2021 - 20:10 CLST
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| Cerro de Potosí. Grabado en madera, del libro Crónica del Perú, 1552, de Pedro Cieza de León. |
Imagínense despertar cada mañana, abrir la ventana y encontrarse como fondo con un enorme cerro triangular, como si hubiera sido dibujado para darle mayor misterio a un paisaje enclavado en las rocas de la cordillera de los Andes. En un tiempo, ese cerro era un cono perfecto, pero comenzó a ser explotado por los españoles en 1545 y, desde entonces, su forma ha variado. Sin embargo, los cambios dramáticos no son de los tiempos en los que España había instalado sus reales en estas tierras, no… El cerro ha modificado su forma en los últimos años.
Se trata del Cerro Rico de Potosí, el yacimiento de plata más grande del mundo y de la historia, aquel que prodigó metal en tales cantidades que, cuando comenzó a llegar a Sevilla, los españoles no sabían dónde más guardarla, porque todos sus posibles almacenes se habían llenado.
Los potosinos sabemos que, gracias a esa plata, Felipe II pudo consolidar el imperio español y, en gratitud, le otorgó su escudo a la ciudad. Y sabemos, también, que el Cerro Rico es objeto de una explotación desmedida, incontrolada e ilegal que, en pocos años, ha provocado hundimientos y modificado su estructura morfológica.
Patrimonio mundial
El 11 de diciembre de 1987, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco inscribió a Potosí en la lista del patrimonio de la humanidad que merece ser protegido y, en su caso, restaurado, por ser el testimonio físico de un pasado y aporte extraordinarios para el planeta.
El Cerro Rico de Potosí, cuya plata forjó imperios, fue una de las razones para la inscripción. Desde entonces, el Estado boliviano debería de haber desarrollado planes, programas y proyectos destinados a su conservación y a la del complejo sistema industrial que los españoles construyeron en Potosí en el siglo XVI.
Sin embargo, lo único que hizo Bolivia, como Estado, fue aprobar un reglamento que prohíbe las operaciones mineras en la cúspide del cerro. La norma no se aplica y, por el contrario, era vulnerada con la directa complicidad del Gobierno a través de la entidad que debería controlar la explotación de minerales, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La explotación desmedida y los hundimientos llamaron la atención de la Unesco, cuyo Comité del Patrimonio Mundial, reunido en Doha en junio de 2014, decidió incluir a Potosí en la lista del patrimonio en riesgo.
Complicidad estatal
Los potosinos sabemos que existe una explotación desmedida del Cerro Rico porque esta se produce ante nuestros ojos, ahí en la montaña, que puede ser vista desde cualquier parte de la ciudad. Lo que no sabíamos es cómo se legalizaban esas labores ilegales. Averiguarlo demandó una investigación paciente porque lo primero que se encontró es hermetismo.
"Conseguir información no era fácil y representaba provocar a la Corporación Minera de Bolivia. Su reacción fue casi inmediata porque llegaron hasta a dinamitar la puerta del diario El Potosí."
En Bolivia, las minas no son explotadas por el Estado desde 1985. El Gobierno las ha cedido en arrendamiento a unas organizaciones de mineros que, formalmente, se presentan como cooperativas que emplean a por lo menos 10.000 obreros. Esa, o más, es la cantidad de familias que dependen directamente de la explotación de minerales en el Cerro Rico. Si a eso sumamos la compra de servicios, entenderemos que los dirigentes de las denominadas cooperativas mineras son personas con un poder económico que se refleja en lo político. Llegaron al extremo de ser ellos quienes nombraron ministros de minería y a las autoridades de la Comibol.
Debido a ello, conseguir información no era fácil y representaba provocarlos. Su reacción fue casi inmediata porque llegaron hasta a dinamitar la puerta del diario El Potosí, que es el medio donde trabajo y el que ha publicado todas las notas referidas a los hundimientos.
Corrupción y crimen
Para explotar el Cerro Rico de Potosí es necesario obtener una autorización de la Comibol, que es extendida mediante un formulario que se llama tornaguía. En el procedimiento formal, la tornaguía se emite luego de que un operador minero ha solicitado permiso para realizar operaciones mineras en el yacimiento. La Comibol debería verificar que los trabajos no se realicen en la zona prohibida y recién extender la tornaguía, pero lo que ocurría hasta el año pasado es que el gerente regional de la corporación, Richard Arancibia, emitía esos formularios a su libre albedrío.
En la investigación que realicé sobre ese tema, confirmé además que Arancibia era empleado a sueldo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí. Tenía esa condición hasta que los dirigentes hicieron que se lo nombre gerente regional. Se había puesto al gato a cuidar la carne.
Mis publicaciones eran cada vez más incómodas, así que los dirigentes de las cooperativas pasaron de las amenazas a los hechos. Una madrugada que me dirigía a la radio Kollasuyo para emitir mi programa periodístico, fui atacado por dos desconocidos que me dieron una paliza a dos cuadras de la plaza principal, allí donde está la oficina central de la Policía.
Como las publicaciones no cesaron, hubo una nueva paliza, en septiembre del año pasado. En esa ocasión estaba subiendo hasta la cúspide del Cerro Rico con dirigentes del comité cívico y voluntarios en la defensa del cerro. A solo unos metros de la cumbre, nos emboscaron centenares de mineros. No nos dejaban pasar y, cuando comencé a filmar lo que pasaba, me atacaron a golpes. Calculo que fui golpeado por unas cuarenta personas y, si no me mataron, es porque había demasiados testigos. Arancibia, que nos acompañaba en la inspección, pareció coordinar el ataque cuando habló con los mineros.
Patrimonio en riesgo
En un dibujo publicado en Sevilla en marzo de 1553, en la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, se puede ver al Cerro Rico como una punta de lanza que perfora el cielo. A sus pies está la ciudad que fue el monedero del mundo en el siglo XVI, la que forjó el imperio español.
Imagínense despertarse una mañana, abrir la ventana y encontrarse que ya no está, que se ha hundido, que se ha venido abajo. Desmoronado.
Tras haber sido atacado por la gente azuzada por los dirigentes de las cooperativas mineras de Potosí, me acogí a la organización Reporteros Sin Fronteras, que me trajo por tres meses a Madrid, para alejarme del lugar de tensión.
Aquí encontré que la memoria histórica de España respecto a Potosí prácticamente se ha perdido. La mayoría de los españoles con los que hablé ya no sabe qué. Conocen, porque “los mayores la pronuncian”, que hay una frase que dice “vale un Potosí” para referirse a una riqueza extraordinaria.
Potosí no solo es la ciudad… Potosí es el Cerro Rico, porque ese es su nombre. Y está en riesgo de desaparecer. He venido a España a pedir ayuda para evitarlo.
Juan José Toro Montoya es escritor, periodista y abogado. Actualmente trabaja en el Diario El Potosí, de Bolivia.
25.9.18
Otra perspectiva sobre los conflictos con el patrimonio
Vía El País.
Las Ciudades Patrimonio se quejan de asfixia por falta de ingresos
Los 15 municipios distinguidos en España por la Unesco denuncian que los gastos se disparan, mientras se ven obligados a eximir de impuestos a sus cascos históricos
Por Vicente G. Olaya
Madrid 25 SEP 2018 - 08:24 CEST
Hace poco más de un año, un camión se llevó por delante una de las barandillas de la Bajada de la Misericordia, entre el Templo de Augusto y el Circo Romano, en Tarragona. El Ayuntamiento aún no la ha repuesto, no por falta de ganas, sino porque debe realizar antes un “proyecto específico” para restaurarla si quiere mantener su categoría como Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, galardón concedido por la Unesco en noviembre de 2000. En Úbeda, las calles del casco urbano se barren a mano y en San Cristóbal de La Laguna carecen de suficientes repetidores de telefonía para no dañar la imagen impoluta de la ciudad. Todos los alcaldes consultados del grupo que conforman 15 localidades españolas —y que este mes han cumplido su 25º aniversario como entidad— se quejan de lo mismo. “La distinción multiplica los gastos, pero no los ingresos municipales. Estamos muy orgullosos de formar parte del grupo de elegidos”, dice el munícipe de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, “pero necesitamos ayuda del Estado”. Reclaman en subvenciones y exenciones.
Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad son la envidia de los destinos turísticos. Preferentemente reciben visitantes tranquilos, respetuosos y que gastan por encima de la media, ya que almuerzan en los mejores restaurantes y se alojan en distinguidos hoteles o casonas con siglos de antigüedad. Pero este grupo necesita ayudas del Estado o de la Unión Europea —se han reunido ya con el comisario de Educación y Cultura— que les permitan paliar el descenso de tributos que se produce por la exención de los impuestos (IBI e ICO, fundamentalmente) a los propietarios de inmuebles protegidos, ya que los cascos históricos los tiene bonificados. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el principal ingreso de cualquier municipio.
Alcalá (Universidad y recinto histórico) cumple ahora el vigésimo aniversario de su galardón. Rodríguez Palacios recuerda que la Unesco puede retirar la categoría en caso de incumplimiento, tal y como le ocurrió a Dresde (Alemania) por levantar un puente en zona protegida.
“Se trata de ciudades vivas y hay que seguir manteniéndolas. La diferencia entre Ciudad Patrimonio y Lugar Patrimonio [en España hay unos 30] es que los lugares solo tienen uno o muy pocos edificios, como puede ser el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. A las ocho lo cierras, y hasta el día siguiente. No hay más gastos que la seguridad. En Alcalá, en cambio, debes mantener el pulso a cualquier hora”, señala.
El grupo de los 15 elegidos
El 17 de septiembre de 1993 Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo, que fueron las primeras en ser reconocidas en su conjunto como Patrimonio Mundial por la Unesco, decidieron unir sus fuerzas creando el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, una asociación sin ánimo de lucro.
Con posterioridad se incorporaron Córdoba, en 1996, Cuenca en 1998, Alcalá de Henares en 2000, Ibiza y San Cristóbal de La Laguna en 2002, Mérida y Tarragona en 2006 y, finalmente, en 2014, Baeza y Úbeda. Se ha completó así la relación de las 15 ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial.
La declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la Unesco a aquellos bienes con características de excepcional valor que los hacen únicos en el mundo. España, es, con 46 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los que 15 son ciudades, el tercer país del mundo con mayor número de inscripciones, sólo detrás de Italia y China. Esta situación pone de manifiesto la extraordinaria riqueza y diversidad de nuestro patrimonio cultural y natural, y trae consigo el reconocimiento y aprecio de la comunidad internacional sobre nuestro estos bienes. Sin duda, un sello de calidad y un pasaporte de promoción realmente universal para estas ciudades españolas.
Begoña Floria, primera teniente de alcalde de Tarragona (conjunto arqueológico romano), recuerda que existe una comisión de ciudades que reclama una modificación tributaria que reconozca su “singularidad fiscal”. Aboga como solución incrementar el mecenazgo y la implicación de las empresas mediante políticas de Responsabilidad Social Corporativa. “Ahora que ha pasado la crisis económica es el momento de invertir en cultura”, añade.
“No es lo mismo hacer un ascensor en el Ayuntamiento y toparse debajo con un circo romano, que hacerlo en un edificio moderno a las afueras de la ciudad. Los expedientes y estudios arqueológicos se alargan y los costes se disparan”, admite.
Para José Luis Rivas, alcalde de Ávila (la mejor muralla medieval conservada de Europa), “la distinción trae mucho bueno, pero es cierto que las arcas municipales se resienten. Intentamos aumentar los ingresos con actividades culturales que atraigan a más visitantes o incrementando las pernoctaciones, sobre todo de orientales”. El rey Felipe VI acudió el pasado 19 de septiembre a la Asamblea de Ciudades que se celebró en Ávila con motivo de su 25º aniversario y les mostró su respaldo.
Lola Marín, alcaldesa de Úbeda (con Baeza conforma un conjunto monumental renacentista), preside la última ciudad en ingresar en el grupo de los 15, el 3 de julio de 2003. “Somos muy afortunados, porque crece el turismo, pero también los costes más de un 10%. Hemos creado una policía turística y limpiamos a mano las calles, porque las barredoras no pueden entrar en el área protegida”. La regidora, que admite que los visitantes se han multiplicado por cinco en los últimos años, añade que la ciudad dispone de un alumbrado “especial y muy caro”. En Úbeda, dado su reducido tamaño, casi toda la ciudad está protegida.
Úbeda comparte con San Cristóbal de La Laguna (municipio canario del que parte el urbanismo original de Hispanoamérica) el problema de las telecomunicaciones: los cables no deben quedar al aire y los repetidores no pueden ser visibles. José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna, sale a la calle para mantener una conversación telefónica por móvil con EL PAÍS. La comunicación resulta muy defectuosa y, finalmente, esta se realiza mediante teléfono fijo. “El gran problema es que no somos un museo. Tienes que permitir que los coches pasen a los garajes, que los niños vayan al colegio, que todo sea accesible para todos, pero sin perder la esencia histórica. Tienes que tener fibra óptica, pero que no se vean las infraestructuras...”, asevera.
“Además, dado el atractivo de los barrios, los precios de las viviendas suben y están siendo ocupadas por empresas. El esfuerzo energético es enorme, porque muchos eligen el centro para celebrar actos culturales o lúdicos nocturnos como consecuencia de la atracción que genera la ciudad. ¿Cómo vas a decir que no? Pues eso, al final, pagas”.