Vía El País.
El Archivo General del país demanda penalmente a una casa de subastas para frenar el saqueo de documentos históricos
El 4 de octubre de 1810, casi dos semanas después de que el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó al grito de independencia de México, el heroico sacerdote ya se sentía invencible. Su ejército había logrado controlar lugares clave como Guanajuato y, en medio de los combates, decidió escribir una carta a uno de sus aliados secretos en el ejército realista, el coronel Narciso de la Canal. "Puse particular cuidado en no mezclar ni que se nombrara a usted en nuestros movimientos, temeroso de que si el éxito no correspondía a los santos deseos de que estábamos animados, quedase usted envuelto en nuestras mismas desgracias'', escribió el cura en su corta carta escrita a mano. “Ahora que las cosas han tomado un aspecto demasiado favorable, no temo convidar a usted a que uniendo sus poderosos influjos, participe de las glorias del libertador de nuestra Patria”.
El plan no salió como esperaba: el coronel no se alió a la lucha de los guerreros y, después de varias derrotas, el cura Hidalgo terminó fusilado y decapitado por sus enemigos. Pero la corta carta es un testimonio breve de la esperanza independentista que Miguel Hidalgo despertó en 1810, un pequeño tesoro de la emoción revolucionaria que se celebra cada septiembre en México.
El país se independizó después de varias guerras y, 210 años después, la carta de Hidalgo ha vuelto a tomar relevancia entre los amantes de la historia. La casa de subastas Morton, la más grande del país, la incluyó esta semana en una de sus catálogos especiales, en el que subastaba 252 documentos y objetos de la independencia. Tenía previsto ofrecer la carta de Hidalgo el martes, por un precio entre 110.000 y 130.000 pesos mexicanos (entre 4.000 y 5.000 euros). El precio de salida del fervor revolucionario.
“Estamos intrigados sobre el origen de dichos documento", le escribieron un día antes de la subasta nueve historiadores mexicanos al director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Ruiz Abreu. Aseguran que la copia de la carta de Hidalgo debería estar previamente, de acuerdo a sus fuentes, en el Archivo General. Además, otro de los manuscritos ofertados en la misma subasta —una carta de 1814 del comandante José María Morelos pidiendo formar una Academia Militar para profesionalizar a los revolucionarios— no se conocía entre los historiadores. “Nos parece que por ser un asunto de interés público sería importante que el Archivo que usted dirige señale si se han cumplido los requisitos legales para esa venta”, escribieron. Le recordaron que una ley del 2018 le exige a las casas de subastas notificar previamente la venta de este tipo de documentos, y suponían que Morton no había cumplido con el requerimiento.
Tras recibir la carta, en menos de 24 horas, Ruiz Abreu decidió demandar penalmente a la casa de subastas ante la Fiscalía. El Archivo alega “la probable comercialización de Patrimonio Documental de la Nación” en 75 de los 252 objetos ofertados en la subasta del martes. Morton no informó al Archivo de esta venta, dice la denuncia, y “en caso de omitirse dicha notificación, el AGN podrá anular la transacción o, en su caso, solicitar la expropiación de dichos documentos”.
A pesar de la amenaza penal horas antes de la subasta, Morton no la canceló. Pero al llegar al lote 77, la carta de Hidalgo, el subastador anunció a los compradores que el lote “estaba retirado”, y siguió con la subasta sin más explicación. Ningún otro lote, sobre todo no los otros 74 que le preocupan al Archivo General, fue retirado. La carta firmada por el comandante José María Morelos que los historiadores esperaban preservar, fue descrita por el subastador como uno de “los lotes más importantes” ese día. Se vendió por 80.000 pesos mexicanos, unos 3.300 euros, a un anónimo: “La paleta 437”.
Vista de la carta de Miguel Hidalgo al Sr. Coronel Narciso de la Canal, como invitación a formar parte del movimiento armado.
Un robo histórico
Alfredo Ávila, uno de los nueve historiadores que escribieron a Ruiz Abreu, aún no está seguro de que la carta de Hidalgo haya sido robada del Archivo General de la Nación, ni que se trate de la carta original escrita por el sacerdote. “Miguel Hidalgo no tenía esa letra”, explica Ávila. Podría ser una copia escrita por un tercero, pero esto no la haría menos valiosa. “Nunca nadie ha visto esta carta original, y si fuera la única copia manuscrita, tendría valor, por supuesto”.
Los historiadores de México saben que, desde hace décadas, varias casas de subastas han ofrecido cientos de documentos que estaban previamente en el Archivo General de la Nación, el más grande de toda América Latina. “Los saqueos son muy cotidianos,” dice Ávila. “Nosotros nos enteramos cuando hay ventas públicas, pero el tráfico en general se da entre los conocedores de subastas”.
"Sí es un terreno muy fértil, el del tráfico ilícito, y es un terreno en el que no hemos agarrado al toro por los cuernos'', admite Marco Palofox, director de asuntos jurídicos del Archivo General de la Nación, quien dice no tener claro cuál es la mejor estrategia para detener el tráfico, ni quién en el Archivo hubiera podido robar documentos. “No se ha emitido ninguna resolución en la que se imponga una sanción administrativa o penal por la sustracción de los documentos”, dice, con palabras legales, lo que se podría decir de forma más sencilla: no han encontrado aún al ladrón (o ladrones, que hacen los que los historiadores llaman “el robo hormiga”).
Rastrear el tamaño de este robo histórico es difícil por tres razones. Primero, porque pocas casas de subasta hacen públicos los objetos para la venta en sus páginas web, y los historiadores no tienen el músculo investigativo para vigilar lo que ofrecen todas las subastas del mundo. Segundo, porque aunque muchos de los archivos de México se han digitalizado o microfilmado, más del 60% de los documentos no están registrados en un catálogo (están guardados, en el Archivo General, en instituciones públicas municipales, o archivos de las iglesias del país). Para probar que un documento fue robado, primero se tendría que demostrar que estaba previamente en esos archivos públicos. Tercero, porque las casas de subasta no están en la obligación de revelar quién es el vendedor, y eso impide también rastrear a un posible ladrón.
A pesar de esos tres obstáculos, la poca digitalización sí ha permitido identificar algunos saqueos. Por ejemplo, en abril del año pasado, la Galería Swann de Nueva York vendió por 6.750 dólares (unos 5.700 euros) un decreto, de 1540, en el que la corona española le exigía al conquistador Hernán Cortés devolver 8.000 pesos para una exploración que nunca se realizó. Ese mismo manuscrito (con la misma caligrafía y los mismos defectos en la página) había sido consultado y fotografiado por una investigadora en el Archivo General de la Nación en 2010.
En la misma subasta, Swann también vendió por 12.500 dólares (10.500 euros) un decreto del rey español en el que pide proteger los bienes de Cortés. Este segundo documento también se había encontrado en el Archivo General. En nueve años, de alguna forma, los dos decretos salieron del Archivo y lograron volar hasta una galería neoyorquina. La Galería Swann no es la única casa de subastas internacional que ha ofrecido documentos que historiadores mexicanos ya habían visto anteriormente en el Archivo. La casa de subastas Christie 's, por ejemplo, vendió en 2017 y 2019 cartas firmadas por Hernán Cortés que provenían del mismo sector del archivo que los dos vendidos por Swann.
“No estoy seguro quién fue [el responsable del robo]”, explica a El PAÍS Michel Oudijk, filólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México. “Pero tiene que ser alguien del Archivo. Los investigadores sabemos que nos es imposible sacar un documento porque en el Archivo te revisan cuando entras y sales; dejas tu bolsa en una caja fuerte, y si tienes hojas, solo pueden ser de media cuartilla. Hasta tienes que abrir tu ordenador portátil para demostrar que no llevas papeles ahí”.
Oudijk, quien se especializa en el periodo colonial de México, es uno de los pocos que han hecho una base de datos con los objetos coloniales que la Casa de Subastas Morton ha ofrecido a sus compradores desde el 2008: más de 3.000 documentos, impresos o manuscritos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, escrituras para la venta de esclavos, cartas al Papa, o planos de Ciudad de México del siglo XVIII. “En el caso de Morton específicamente, lo que han ofrecido, cuando ves estos números, es asombroso,” dice Oudijk. El PAÍS solicitó una entrevista con la casa de subastas Morton, pero no obtuvo respuesta.
Desde el 2014, Oudijk también ha identificado más de 80 documentos importantes de la historia indígena de México que se han ofrecido en las oficinas neoyorquinas de la galería Swann, desde Colección de 10 testamentos en Nahualt hasta Reglas de ortografía, diccionario y arte del idioma Othomi. “Mi trabajo no es ser detective de documentos,” dice Oudijk, aclarando que le sería imposible saber si todos estos documentos fueron robados, porque tendría que confirmar si estaban previamente en un catálogo del archivo. “Pero, algunos sí lo fueron. Otros se roban en las iglesias de los pueblos, y luego se venden. Es un problema muy grave, porque el patrimonio cultural no está protegido”.
¿Cómo detener el saqueo?
La estrategia principal para defender estos documentos, hasta ahora, ha sido esperar que un historiador corra la suerte de encontrarse con un catálogo de subasta, que ese historiador identifique allí documentos que ya ha leído previamente en el Archivo General, y que ese historiador logre llamar a tiempo a las autoridades para que intenten detener la venta del archivo. Una estrategia precaria, que ha funcionado en unos pocos casos.
En julio de este año, por ejemplo, el investigador Javier Eduardo Ramírez identificó unos manuscritos de los siglos XVIII y XIX, sustraídos ilegalmente del Sagrario de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y puestos en venta por la Casa de Subastas Morton. Ramírez descubrió que los manuscritos habían sido microfilmados en 1961, y alertó al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la casa de subastas, que decidió retirar voluntariamente los documentos del mercado. "Es bueno que ahora el Archivo tome cartas en el asunto'', opina Ramírez, al discutir la demanda esta semana contra Morton.
La demanda contra la Casa de Subastas Morton, sin embargo, fue un esfuerzo nuevo para detener el saqueo de documentos históricos sin enfocarse en el robo en sí, sino pidiendo al intermediario (la casa de subastas) que se haga responsable y los consulte antes de la venta de un documento. Esta consulta ha sido prácticamente inexistente hasta ahora, a pesar de que es una obligación de acuerdo a la ley mexicana de Archivos. “No hay antecedentes de que el Archivo General haya observado o puesto atención en los procesos, o que haya incentivado que los particulares que quieran vender tengan que cumplir con ese proceso”, asegura David Vásquez, el presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. “Queremos que exista un respeto a esta norma”.
Marco Palofox y sus colegas en el Archivo General intentaron identificar, en menos de 24 horas, todos los manuscritos en el catálogo de Morton que superficialmente podrían ser considerados fundamentales para el patrimonio de documentos: “Si es original o no es original, quién lo firmó, o si tiene que ver con la historia de México o no”. El abogado admite que él no tiene “la capacidad operativa” para saber si esos 75 documentos que identificaron en la subasta del martes son robados o no. "No tenemos ni idea qué falta en el Archivo General de la Nación'', dice. Pero en estos 75 casos consideran que “por su rareza o importancia para la historia mexicana” deberían ser conservados en el país.
"El propósito de la denuncia es enviar un mensaje contundente a los actores involucrados en la comercialización del patrimonio documental de la nación'', explicó el director del Archivo, Ruiz Abreu, en una entrevista de radio. Pero además de la demanda, aseguró estar comprometido con conocer “la magnitud de este saqueo” y frenar al “personal coludido, el personal del mismo Archivo, con los que han cortado con una perfección extraordinaria los documentos”.
Ruiz Abreu dice que muchos de los documentos que se vieron en Swann y Christie’s fueron cortados con navajas, de forma muy precisa, para no revelar que eran parte de libros más grandes guardados en los archivos de la demanda. Pero no hay robo histórico que se frene solo con una acción legal, o archivo que se proteja con solo un pequeño grupo de historiadores vigilando las subastas internacionales. Al final, el pecado original, solo se sana si se logra frenar al ladrón. Por ahora, el Archivo General sigue buscándolo.
