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Capital.
Un nuevo frente de conflicto está enfrentando el grupo Luksic. Ahora es la comunidad de Antofagasta la que está en pie de guerra: acusa a la empresa portuaria del holding en esa ciudad de contaminar con plomo. La ofensiva ya logró paralizar parte de sus operaciones en la capital de la II Región. El capítulo tiene especial sensibilidad para los Luksic, reconocidos antofagastinos, por lo que la orden es que limpiarán su imagen y sus operaciones en esa zona. Cueste lo que cueste.
Por Natalia Saavedra
No han sido meses fáciles para el grupo Luksic. No sólo se vieron envueltos en el escándalo de Caval, sino que también vivieron la oposición de la comunidad de Paine para la construcción de una planta de bebidas de CCU el año pasado y hace pocas semanas el conflicto en Caimanes por el tranque El Mauro que los tuvo en el ojo del huracán. Ahora, es otro capítulo el que los tiene bajo escrutinio público. Luego de que durante 2014 fuera más bien un tema de carácter regional, a inicios de año se comenzó a viralizar otra ofensiva contra una de sus empresas: Antofagasta Terminal Internacional (ATI), la firma concesionaria del puerto de Antofagasta.
¿La acusación? La compañía habría contaminado las zonas aledañas al puerto de esa ciudad con plomo y otros minerales pesados, razón por la cual el 11 de marzo el Tribunal Ambiental paralizó temporalmente sus operaciones.
Mientras la empresa intenta a toda costa demostrar que sus instalaciones son limpias para volver a funcionar con normalidad, nuevas denuncias han llegado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). El conflicto escaló hasta el punto de que la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, anunció que exigirá la demolición de parte de las operaciones de ATI. Una guerra desatada que ha dejado varios damnificados.
Los antofagastinos
Cercanos a los controladores de Quiñenco comentan que el capítulo de Antofagasta y las serias acusaciones de contaminación y daño a la salud de las personas que afectan a ATI, tiene más que preocupados a los hermanos Andrónico y Jean Paul Luksic. Por eso, activar un plan de contingencia inmediato y no escatimar en recursos para ejecutarlo es la instrucción. El tema revierte una sensibilidad especial para la familia, pues su padre nació y tuvo sus primeros negocios en esa ciudad. Una casa de cambio y, en los ochenta, los primeros pasos de lo que hoy es AMSA los dio allí.
Por eso es habitual que los antofagastinos identifiquen a la familia como la precursora de la actividad minera en la zona y que el holding haya puesto especial atención a este conflicto por el compromiso que tienen con la región. Al negocio de ATI llegaron en 2004, luego de que decidieran entrar como socios del puerto. Ya en 2011, y tras la compra de la Compañía Sudamericana de Vapores, los dueños de Quiñenco se convertirían en controladores de la operación portuaria, un terminal enfocado en el transporte y acopio de concentrados minerales. La concesión había implicado la construcción de dos galpones de almacenaje para concentrados de cobre y otros metales que circulan por ese puerto.
Es un negocio que cercanos al grupo describen como pequeño dentro de sus operaciones y con márgenes más bien acotados. El mensaje interno es que mantenerse en él es una forma de demostrar su compromiso con la región. Sin sobresaltos, hasta fines de 2013 la operación funcionó en calma, hasta que uno de sus proyectos de desarrollo encendió las alarmas. La iniciativa parecía sencilla: un nuevo galpón que sería destinado al almacenaje del mineral producido por la minera Sierra Gorda. La obra se venía tramitando ambientalmente desde 2011, pero no fue sino hasta que comenzó a construirse que despertó la inquietud de los vecinos del puerto. Una enorme estructura a metros de escuelas, jardines y del centro de la ciudad, desató la molestia de la comunidad, que rápidamente escaló a otras esferas. Hasta que en el verano de 2014, el tema simplemente explotó.
El municipio y otras organizaciones sociales presentaron ante la Corte Suprema un Recurso de Protección, con el fin de no permitir el término de las obras. El proyecto, sobre los 40 millones de dólares, se paralizó por unas semanas, pero el tema no paró ahí. En abril del año pasado, la inquietud ciudadana se agudizó luego de que el Colegio Médico de Antofagasta publicara un estudio en el que aseguraba que en las zonas aledañas al puerto existían metales pesados en concentraciones superiores a las permitidas. ATI fue identificada por los antofagastinos como la culpable de esa contaminación.
Cueste lo que cueste
Pese a que la Corte desestimó el recurso presentado por la alcaldía, la Superintendencia del Medio Ambiente hizo eco de los reclamos ciudadanos y comenzó a realizar una serie de fiscalizaciones a la empresa. La primera visita ocurrió en abril del año pasado. La razón no era la construcción del nuevo galpón, sino fiscalizar el resto de la operación de ATI, compuesta por otras dos unidades de almacenaje.
Tras la inspección de abril, la SMA volvería a visitar a ATI el 20 de agosto, el 4 de septiembre y el 23 y 29 de octubre del año pasado, todo con el fin de revisar cada detalle de su funcionamiento. El resultado de dichas indagaciones no fue favorable. Las disconformidades de la Superintendencia quedaron de manifiesto en un informe donde, entre otras faltas, señaló que la empresa desencarpaba camiones con minerales pesados en el exterior de sus bodegas; que lavaba vehículos de carga con material peligroso en los patios; que sus bodegas de almacenaje no estaban herméticamente selladas y que, además, las muestras tomadas en el exterior de las instalaciones de ATI, mostraban “una superación de los límites referenciales” de contaminantes.
Tras pasar casi todo 2014 en un intenso proceso de inspección hacia la compañía, en noviembre la SMA decidió enviar un informe con todas las faltas que, a su juicio, se habían constatado a su Unidad de Sanción. El panorama no era auspicioso. En medio de estas noticias, las alarmas explotaron en Santiago. A nivel central, la compañía definió que el manejo del asunto por parte del gerente general de ATI, Gastón Bastías, no era el adecuado y se alejó de la empresa. El ejecutivo habría asegurado tanto a Javier Bitar, presidente de la firma, como al directorio, que ésta operaba bajo los mejores estándares ambientales, lo que la SMA evidentemente estaba poniendo en entredicho. Tanto así, que el 1 de diciembre formalizó la presentación de cargos contra la compañía de los Luksic y le dio un plazo de 15 días para presentar un plan para solucionar sus fallas.
El programa de 17 páginas se presentó el 7 de enero pasado, pero no tuvieron tiempo de ejecutarlo. La SMA ya había iniciado un segundo proceso de sanción contra la compañía, aduciendo que el plan presentado por ATI no contemplaba todas las mitigaciones necesarias y que ante ello “no fue posible descartar la existencia de un riesgo para la salud de la población”. Eran acusaciones graves. La autoridad pedía con ello que el Tribunal Ambiental suspendiera sus operaciones.
El costo reputacional
A través de la organización Este Polvo te Mata, ciudadanos de Antofagasta marcharon el 7 de marzo pasado. “Gracias a ATI nuestros hijos enferman” y “Gracias a ATI nos contaminamos” sentenciaban algunos de los carteles. Las acusaciones que ya habían alcanzado eco en el resto del país hacían referencia, además, a estudios que se habían levantado en poblaciones aledañas al puerto. Así lo recuerda el doctor Antonio Cárdenas. “Las autoridades encabezadas por el intendente y a través del servicio de salud, me encomendaron la tarea de determinar si esa contaminación afectaba a la salud humana. Con ese propósito, decidimos estudiar dos jardines infantiles que funcionan justo al frente de la zona del puerto más contaminada. La idea era determinar la presencia de plomo y arsénico en esos niños. (...) En general, los resultados entregados hasta ahora pueden concluir que el 50% de éstos tienen concentraciones de plomo en la sangre de 1 o -1 ug/dl y que el otro 50% presenta concentraciones de 2 a 5 ug/dl. Es decir, efectivamente están expuestos a una contaminación ambiental. Pero conviene recordar que las normas del Minsal consideran preocupante un nivel de plomo sobre 10 ug/dl”, detalla el profesional.
Pese a que ATI reconoce que existieron debilidades en su operación, dice que no se puede garantizar que esa contaminación sea sólo su responsabilidad y que no se deba a un pasivo histórico de polución acumulado en Antofagasta. El argumento tiene sentido incluso para la SMA, que en uno de sus informes de fiscalización reconoció que, pese a las faltas detectadas “dadas las características industriales del sector y sus alrededores, y el manejo histórico de potenciales fuentes en el puerto, no es posible inferir que la operación de los galpones de manejo de concentrados del puerto de ATI sea la causante o única causante de dichos niveles de concentración de metales; para lo que sería necesario realizar estudios complementarios de más largo desarrollo”.
El doctor Cárdenas agrega que la contaminación de plomo de la ciudad de Antofagasta se remonta a 1998, cuando estalló en esa ciudad la primera crisis por contaminación ambiental.
“En el centro de la ciudad, en los patios del ferrocarril y del puerto se acopiaba plomo producto del Tratado del 1904 con Bolivia, que le permite a ese país el libre uso de los puertos de Arica y Antofagasta para la salida de sus productos. Esos acopios, por al menos tres generaciones, intoxicaron a mujeres, embarazadas y niños. Debe ser el desastre medioambiental más grave de la historia de Chile. En ese entonces, encontramos cientos de niños con niveles de plomo sobre 10 ug/dl y decenas sobre 30 ug/dl”, relata.
Dentro de los argumentos a favor de la compañía también se encuentra que ATI practicó exámenes a sus trabajadores para evaluar la presencia de metales pesados en su organismo. De 200 colaboradores que aceptaron voluntariamente tomarse exámenes, todos mostraron resultados bajo la norma.
Pero ésa no es respuesta suficiente para los ciudadanos, que hoy identifican a la empresa de los Luksic como la culpable directa de los sedimentos de plomo y otros metales pesados depositados en los alrededores del puerto.
Jaime Araya, uno de los abogados que ha patrocinado varios de los recursos de protección, dice abiertamente que no les creen a la empresa y que tampoco confían en sus promesas de mejoramiento.
“Hoy día se puede afirmar categóricamente que es ATI la empresa contaminante. Como prueba, existe una medición del ISP que detectó que el punto más contaminado de los alrededores del puerto es un edificio del MOP construido en 2005, es decir, después de que ATI comenzó a operar”, asegura. Las fichas de abogados y otras organizaciones ciudadanas están puestas en varios puntos para impedir que la empresa opere, al menos, en el corto plazo. Lo primero es un Recurso de Protección que se encuentra pendiente en la Corte de Apelaciones, que busca que se impida el funcionamiento del nuevo galpón.
Similar a los ya rechazados por el Poder Judicial, según Araya este último tiene más chances de ser acogido, pues se incorporó dentro de los requirentes al papá de un niño afectado por los sedimentos de plomo. “Ése es un antecedente que representa una gravedad especial que los jueces tendrán que considerar”, asegura el jurista. A ello se suma una nueva denuncia que presentaron en la SMA a raíz de la contaminación del edificio del MOP que, según él, confirmaría a ATI como la causante de la polución y también la solicitud de la alcaldesa Karen Rojo de instruir la demolición de parte del galpón que utilizará Sierra Gorda, pues estaría construido en una franja de uso público. “Esto último es una incongruencia, porque los planos los autorizó EPA, que es una empresa del Estado –ATI es concesionaria de EPA– y ahora el municipio, que también es un órgano del Estado, dice que estaba mal dado el permiso. Que se pongan de acuerdo”, dice un conocedor del proceso.
El plan de contingencia
Los controladores de Quiñenco pidieron al presidente de ATI, Javier Bitar, no escatimar en esfuerzos para que la operación funcione bajo los mejores estándares ambientales.
A nivel central, las instrucciones han sido tres: que la operación debe funcionar cero emisiones, con el costo que ello implique; que hay que transparentar la operación de ATI para que la gente vuelva a creer en la empresa y, por último, acelerar todo tipo de inversiones con miras a mejorar en el largo plazo las condiciones ambientales de Antofagasta, esto último inserto dentro del Acuerdo de Producción Limpia (APL) de la región.
Para evaluar el daño reputacional, también han tomado otras medidas: contrataron a la empresa Valor Estratégico para que desarrolle un trabajo con las comunidades de la zona y así evitar que el nombre de la familia Luksic se enlode con este episodio. A la par, han contenido a sus clientes estratégicos, la minera Sierra Gorda. Según los plazos originales, ésta estaría en enero operando en el puerto antofagastino. Pero con los últimos acontecimientos se ha visto obligada a desviar su carga a Arica, con los costos que ello conlleva.
El nuevo gerente de ATI, Felipe Bersoain, explica que ya iniciaron durante 2014 un plan de mejoras que se reforzará en el transcurso de este año y que les permitirá actualizar de forma integral las operaciones del puerto de Antofagasta. Entre ellas, el cambio de todos los portones de su edificio, el mejoramiento del cierre de sus dos bodegas, la implementación de nuevas tecnologías de mitigación de polvo fugitivo al momento de transferir el material a las bodegas del buque y la aplicación de un plan de control de material dentro de las mismas bodegas.
“Nos hemos comprometido a mediano plazo a incorporar la tecnología de contenedores sellados (rotainers), que constituye un gran avance hacia una transferencia más sustentable de los concentrados minerales. La ventaja es que el concentrado es cargado en la faena minera en un contenedor sellado y luego un camión los transporta hasta el puerto, evitando cualquier emisión en su trayecto. Una vez en el terminal, se embarcan directamente al buque”, explica el ejecutivo. Esta tecnología podría estar disponible en menos de un año y es similar a la utilizada en puertos como el de Rotterdam, Vancouver o Long Island.
Pese a que la comunidad desconfía de que estas medidas sean suficientes para garantizar que ATI no afectará a la población, la Superintendencia del Medio Ambiente decidió levantar parcialmente el cierre de uno de los dos galpones de ATI (el de exportaciones). El acuerdo con la empresa contempla inspeccionar el próximo embarque que salga del puerto y corroborar así que las medidas implementadas por la empresa abordan adecuadamente el riesgo de emisiones durante el proceso de acopio y embarque minerales.
Paralelamente, la firma continuará desarrollando el plan de cumplimiento aprobado por la SMA. “Sabemos que ello no es suficiente para la ciudadanía, por eso reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para elevar los estándares de operación en el puerto de Antofagasta, a través de la implementación de contenedores de volteo y del sistema de Recepción, Acopio y Embarque de Concentrado”, señala el subgerente general de ATI, Christian Wulf.
Con todo, pese a la medida, en el Tribunal Ambiental seguirá corriendo el proceso sancionatorio contra la empresa, que podría traducirse en multas por hasta 5.000 UTA (unos 2.500 millones de pesos) e incluso la revocación de su resolución de calificación ambiental, en todo caso, una sanción que hasta ahora nunca ha sido aplicada en el país.
